Se trata del representante legal de una de las empresas que conformaban la unión temporal en el año 2005.
Ante el Juzgado Tercero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías se realizaron ayer las audiencias concentradas contra Rafael Ignacio Hoyos Cañaveras, vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía 12 Seccional de la unidad de delitos contra la administración pública por irregularidades en el contrato de concesión de tránsito que tuvo esta capital.
Hoyos Cañaveras fue detenido por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía seccional Cesar, que se desplazaron a efectuar el arresto en la ciudad de Barranquilla.
A Rafael Ignacio Hoyos Cañaveras le imputaron cargos como presunto responsable del delito de peculado por apropiación. Según lo revelado por la Fiscalía en la diligencia judicial, él es el representante y dueño de la empresa Servicios de Córdoba S.A, la cual hacía parte de las empresas que conformaron la unión temporal para la concesión del tránsito de Valledupar, que inició en el año 2005, en el gobierno de Ciro Pupo Castro y tenía un contrato a 20 años, el cual fue liquidado en la pasada administración del alcalde Fredys Socarrás Reales.
Al cierre de esta edición continuaba la audiencia contra Rafael Hoyos Cañaveras quien no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.
En marzo un juez de Control de Garantías de Valledupar, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Joel David Montaño Hernández y Manuel Gabriel Turizo Turizo, por el delito de peculado por apropiación, dentro de la investigación por irregularidades en un contrato de concesión para el sistema de tránsito de esta capital.
Montaño Hernández y Turizo Turizo fueron capturados en Barranquilla, por orden del Juzgado Primero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías.
La investigación se inició tras la denuncia presentada el 27 de marzo de 2012, por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, sobre posibles irregularidades relacionadas con el contrato de Concesión de 2005, suscrito entre el municipio de Valledupar en representación de Ciro Pupo Castro y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Transito UT-SIT-Valledupar, para la repotenciación, operación, mantenimiento y expansión del sistema de semáforos de la ciudad; la implantación de un sistema de control de tráfico y la modernización tecnológica y funcional de la Secretaría de Transporte, logrando recaudar un monto de 42 mil millones de pesos, del cual el 30% le correspondía al municipio y el 70% a la Unión Temporal, con una subdivisión del 49% para la ejecución del contrato para el sistema de semaforización y el 21% para modernización tecnológica, quedando de utilidad el 30% para la Unión Temporal.
Dentro el análisis contable la Fiscalía pudo establecer que la Unión Temporal solo ejecutó cinco mil millones de pesos, y que parte de los ingresos fueron invertidos en gastos que no tuvieron que ver con la ejecución del contrato, como viajes, compra de ropa, pagos de banquetes, y la posterior cesión del contrato en 2010 a una Sociedad por Acción Simplificada, denominada SIT Valledupar SAS, que no tenía vínculo contractual con el municipio.
Redacción Judicial / EL PILÓN
Se trata del representante legal de una de las empresas que conformaban la unión temporal en el año 2005.
Ante el Juzgado Tercero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías se realizaron ayer las audiencias concentradas contra Rafael Ignacio Hoyos Cañaveras, vinculado a la investigación que adelanta la Fiscalía 12 Seccional de la unidad de delitos contra la administración pública por irregularidades en el contrato de concesión de tránsito que tuvo esta capital.
Hoyos Cañaveras fue detenido por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía seccional Cesar, que se desplazaron a efectuar el arresto en la ciudad de Barranquilla.
A Rafael Ignacio Hoyos Cañaveras le imputaron cargos como presunto responsable del delito de peculado por apropiación. Según lo revelado por la Fiscalía en la diligencia judicial, él es el representante y dueño de la empresa Servicios de Córdoba S.A, la cual hacía parte de las empresas que conformaron la unión temporal para la concesión del tránsito de Valledupar, que inició en el año 2005, en el gobierno de Ciro Pupo Castro y tenía un contrato a 20 años, el cual fue liquidado en la pasada administración del alcalde Fredys Socarrás Reales.
Al cierre de esta edición continuaba la audiencia contra Rafael Hoyos Cañaveras quien no se allanó a los cargos imputados por la Fiscalía.
En marzo un juez de Control de Garantías de Valledupar, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Joel David Montaño Hernández y Manuel Gabriel Turizo Turizo, por el delito de peculado por apropiación, dentro de la investigación por irregularidades en un contrato de concesión para el sistema de tránsito de esta capital.
Montaño Hernández y Turizo Turizo fueron capturados en Barranquilla, por orden del Juzgado Primero Penal de Valledupar con funciones de control de garantías.
La investigación se inició tras la denuncia presentada el 27 de marzo de 2012, por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, sobre posibles irregularidades relacionadas con el contrato de Concesión de 2005, suscrito entre el municipio de Valledupar en representación de Ciro Pupo Castro y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Transito UT-SIT-Valledupar, para la repotenciación, operación, mantenimiento y expansión del sistema de semáforos de la ciudad; la implantación de un sistema de control de tráfico y la modernización tecnológica y funcional de la Secretaría de Transporte, logrando recaudar un monto de 42 mil millones de pesos, del cual el 30% le correspondía al municipio y el 70% a la Unión Temporal, con una subdivisión del 49% para la ejecución del contrato para el sistema de semaforización y el 21% para modernización tecnológica, quedando de utilidad el 30% para la Unión Temporal.
Dentro el análisis contable la Fiscalía pudo establecer que la Unión Temporal solo ejecutó cinco mil millones de pesos, y que parte de los ingresos fueron invertidos en gastos que no tuvieron que ver con la ejecución del contrato, como viajes, compra de ropa, pagos de banquetes, y la posterior cesión del contrato en 2010 a una Sociedad por Acción Simplificada, denominada SIT Valledupar SAS, que no tenía vínculo contractual con el municipio.
Redacción Judicial / EL PILÓN